El Gobierno mexicano confirmó que las maniobras del buque escuela Cuauhtémoc, que chocó contra el puente de Brooklyn el pasado fin de semana, estuvieron a cargo de un piloto de puerto del Gobierno de Nueva York. Así lo informó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, al detallar que toda la operación, desde la salida del muelle hasta la colisión, fue conducida por el piloto estadounidense. En el incidente murieron la cadete América Yamilet Sánchez, de 20 años, y el marino Adal Jair Marcos, de 22. Las autoridades estadounidenses lideran la investigación y se espera un informe preliminar en 30 días, aunque el dictamen final podría tardar hasta dos años.
El piloto del puerto, según explicó el almirante Morales, tuvo apenas entre 80 y 90 segundos para ejecutar las maniobras una vez que el buque zarpó del muelle 17 de Manhattan. Aunque no se ha determinado si utilizó adecuadamente los medios disponibles, el funcionario subrayó que la distancia entre el muelle y el puente era extremadamente corta. “No podemos especular si usó bien los medios, pero la distancia era mínima”, comentó. El Cuauhtémoc perdió sus tres mástiles durante la colisión, que también dejó varios heridos.
Las causas del accidente siguen sin esclarecerse, aunque se manejan hipótesis como una posible falta de cálculo en la altura del puente o incluso una pérdida de potencia del buque, lo que habría dejado a la embarcación a merced de las corrientes y los vientos. El puente de Brooklyn tiene una altura libre de 41.1 metros, mientras que los mástiles del Cuauhtémoc alcanzaban más de 48 metros. Si se confirma esa diferencia, el impacto habría sido inevitable. Sin embargo, las autoridades mexicanas han evitado hacer suposiciones hasta que concluyan las indagatorias.
El caso adquiere una dimensión legal compleja por tratarse de un buque militar extranjero. Bajo el derecho internacional consuetudinario, y respaldado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), los buques de guerra como el Cuauhtémoc gozan de inmunidad de jurisdicción. Esto significa que Estados Unidos no puede llevar el caso a sus tribunales, ni siquiera para reclamar indemnizaciones. El único camino para compensaciones sería la vía diplomática, mediante acuerdos entre ambos gobiernos.
En ese sentido, la responsabilidad sobre las investigaciones recae exclusivamente en México, particularmente en la Armada, que probablemente llevará a cabo un procedimiento interno para deslindar responsabilidades y establecer posibles compensaciones. La gravedad del caso no sólo tiene implicaciones humanas y materiales, sino también diplomáticas, pues Estados Unidos difícilmente querrá sentar un precedente que ponga en riesgo la inmunidad de sus propios buques en el extranjero. El accidente ha dejado muchas preguntas abiertas, pero la jurisdicción es clara: el desenlace está en manos de México.
