En una reñida votación celebrada el domingo 18 de mayo, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos destrabó el avance del plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, que incluye la imposición de un impuesto del 5% a las remesas enviadas por extranjeros o personas con visas temporales a sus países de origen. Con 17 votos republicanos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones de miembros conservadores del mismo partido, la iniciativa avanza ahora hacia su votación final en el pleno. A pesar de las reservas internas, la propuesta logró superar el primer escollo parlamentario gracias a acuerdos aún no revelados públicamente.
La iniciativa ha desatado una fuerte polémica por el impacto que tendría en millones de trabajadores migrantes, especialmente latinoamericanos. México encabezó el rechazo internacional al considerar el gravamen como una doble tributación que afecta desproporcionadamente a las familias más vulnerables. Legisladores hispanos en Washington también alzaron la voz; 24 miembros del Caucus Hispano, encabezados por el congresista Adriano Espaillat, enviaron una carta al presidente de la Cámara, Mike Johnson, en la que denuncian que el impuesto “castiga a trabajadores respetuosos de la ley” y “socava la libertad económica”.
Espaillat subrayó que las remesas no son un lujo, sino un recurso esencial para que millones de familias cubran necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda en sus países de origen. Señaló que el impuesto, además de discriminatorio, crearía un sistema de dos niveles que exime a los ciudadanos estadounidenses mientras penaliza a residentes legales y titulares de visas. En 2023, América Latina y el Caribe recibieron más de 160 mil millones de dólares en remesas, de los cuales más de 65 mil millones fueron destinados a México, según el Banco Interamericano de Desarrollo.
El paquete fiscal republicano, denominado «El Gran y Hermoso Proyecto de Ley», también incluye recortes por más de 800 mil millones de dólares a Medicaid, propone nuevas exenciones tributarias, y extendería los beneficios fiscales otorgados durante el primer mandato de Trump. La medida sobre remesas es una de las más polémicas, pero también una de las que más podría recaudar, con estimaciones que calculan ingresos de hasta 22 mil millones de dólares entre 2025 y 2034.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó la propuesta calificándola de “inconstitucional” y advirtió que su implementación afectaría no solo la economía de millones de familias, sino también las relaciones bilaterales. Anunció una estrategia diplomática junto con países como India y varias naciones latinoamericanas para manifestar su rechazo, además de enviar una delegación del Senado mexicano al Congreso estadounidense. La propuesta también fue duramente criticada por el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, quien logró el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios para emitir una postura oficial en contra del gravamen.
Pese a la resistencia interna y externa, los republicanos más afines a Trump consideran la medida como parte fundamental de su agenda “América Primero”, y la defienden como una vía legítima para financiar otras prioridades sin aumentar los impuestos federales a los ciudadanos. Sin embargo, legisladores demócratas han denunciado acuerdos “en lo oscurito” entre los líderes republicanos y el ala más conservadora, sin transparencia hacia la ciudadanía. Aseguran que el impuesto a las remesas no solo es injusto, sino una traición a la historia migratoria de Estados Unidos.
