La desaparición del activista Ignacio Córdoba Cruz, presuntamente detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, ha generado una ola de indignación entre organizaciones civiles, familiares y defensores de derechos humanos. El Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz denunció que, tras su detención en Xalapa, no se ha tenido información oficial sobre su paradero, lo que podría configurar un caso de desaparición forzada conforme a la legislación mexicana e internacional.
La aprehensión habría ocurrido después de una marcha anarquista en la capital veracruzana, en la que Córdoba participó. Aunque en el número de emergencia 911 se indicó a sus allegados que el joven se encontraba en el Cuartel San José —donde habitualmente son llevados los detenidos—, hasta ahora no se ha permitido su localización ni contacto alguno. Familiares y amigos se manifestaron afuera del cuartel, denunciando la falta de información y exigiendo su presentación con vida.
En un comunicado urgente, el Consejo Ciudadano enfatizó que Ignacio Córdoba es ampliamente conocido por su acompañamiento a colectivos de madres buscadoras y su trabajo artístico vinculado a la memoria y la justicia. El ocultamiento de su paradero, la incomunicación y la falta de datos oficiales constituyen, según el pronunciamiento, una grave violación a los derechos humanos. Recordaron que este tipo de prácticas han sido duramente señaladas por instancias internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Veracruz es uno de los estados con mayor número de casos de desapariciones en el país, lo que agrava la preocupación en torno a la integridad del activista. El Consejo exigió no solo la localización inmediata de Ignacio, sino también información verificada sobre su situación jurídica y el respeto irrestricto a sus derechos humanos. Subrayaron que las instituciones están obligadas a proteger a la ciudadanía y no a reprimirla o desaparecerla por su participación política o social.
La detención se habría dado en el contexto de una protesta contra un homenaje al exgobernador Fidel Herrera, en la que se registraron actos vandálicos contra oficinas del PRI y del INE. Aunque Córdoba participó en la marcha, no existen pruebas que justifiquen su detención ni que respalden las condiciones de su actual desaparición. «No más silencio. No más impunidad. No más desapariciones», concluyó el comunicado del Consejo Ciudadano, que exige respuestas urgentes del gobierno estatal.
