El Senado de México decidió posponer la votación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, iniciativa enviada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum. La decisión se tomó luego de que la mandataria solicitara abiertamente abrir un proceso de diálogo para analizar la propuesta, la cual ha generado fuertes críticas de la oposición y de diversos sectores sociales que temen un intento de control gubernamental sobre los medios y plataformas digitales.
La medida fue anunciada por Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien informó que el dictamen aprobado en comisiones sería retirado del orden del día previsto para el 28 de abril. En su lugar, se iniciará un diálogo «abierto, plural y constructivo» con actores económicos, académicos y técnicos para enriquecer la iniciativa. Sheinbaum también planteó que la ley podría discutirse en un período extraordinario de sesiones, debido a que el ordinario concluye el 30 de abril.
La propuesta presidencial busca sustituir a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y plantea, entre otros cambios, prohibir la propaganda extranjera en medios nacionales. También otorga nuevas facultades a dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, lo cual ha despertado sospechas sobre una posible concentración del control informativo en el gobierno federal.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo relacionado con plataformas digitales, donde se permite a la Agencia retirar contenidos bajo ciertos supuestos legales. Aunque Sheinbaum negó que su iniciativa promueva la censura, reconoció que es necesario aclarar el artículo para evitar «dar argumentos» a la oposición. La mandataria defendió que se trata de atribuciones limitadas, relacionadas con incumplimientos fiscales o violaciones específicas.
En respuesta a la controversia, la Mesa Directiva del Senado formalizó el retiro del dictamen del orden del día y programó reuniones inmediatas: una entre legisladores de Morena y representantes del gobierno federal, y otra con integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. La definición del futuro de la ley quedará sujeta a los tiempos legislativos, que podrían extenderse a un período extraordinario en mayo o junio.
Mientras tanto, el rechazo ciudadano en redes sociales ha sido contundente. Un estudio de la agencia Dinamic reveló que más del 80% de los mensajes en plataformas digitales son contrarios a la reforma, manifestando temores sobre censura, violaciones a la privacidad y un retroceso en la libertad de expresión. Las críticas también se han dirigido directamente a la figura de Sheinbaum y su gobierno.
Entre los sentimientos detectados en la conversación digital destacan la preocupación por una posible censura (49.7%), la percepción de un modelo político autoritario (21.8%) y la desconfianza en los procesos legislativos (13.9%). Estos datos muestran una ciudadanía alerta y sensible ante cualquier intento de restricción de sus derechos fundamentales en el entorno digital.
La presión social ha sido un factor determinante para frenar el avance de la ley, demostrando que el debate público y la exigencia de transparencia siguen siendo herramientas poderosas en el México contemporáneo. El futuro de la propuesta dependerá de si el gobierno logra disipar los temores legítimos que hoy movilizan a gran parte de la opinión pública.
