Organizaciones civiles, expertos en telecomunicaciones y organismos internacionales han encendido las alertas ante la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, por considerarla un riesgo latente para la libertad de expresión en México. La propuesta, aprobada sin cambios en comisiones unidas, abre la puerta, según sus críticos, a la censura de contenidos tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 109 del dictamen, que otorga a la Agencia de Transformación Digital la facultad de bloquear plataformas digitales si se determina que incumplen con disposiciones legales. Organizaciones como Artículo 19 advirtieron que este tipo de medidas son inconstitucionales y van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, los cuales prohíben mecanismos que impidan la circulación de ideas y opiniones, como el bloqueo total de plataformas.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) fue aún más enfática al señalar que la ley permitiría restricciones extremas sin necesidad de una orden judicial, lo cual constituye un mecanismo de censura previa. Según su análisis, bloquear plataformas digitales equivale al cierre de medios, una práctica prohibida por la Constitución mexicana y por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Otra preocupación de las ONG se centra en el resurgimiento del registro de usuarios de telefonía móvil, propuesto en el artículo 8 fracción LXV. Esta base de datos sería similar al extinto Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte. A decir de la R3D, la iniciativa no aclara el uso del registro, pero sí permite su consulta a discreción de las autoridades.
Desde una perspectiva técnica, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) considera que la reforma es una copia mal estructurada de la implementada por Enrique Peña Nieto en 2014, contradiciendo incluso los principios del T-MEC, tratado que exige independencia del regulador y fomento a la competencia. Para el IDET, la nueva Agencia de Transformación Digital concentra funciones que deberían estar repartidas entre varias secretarías, creando un riesgo de monopolio estatal.
Más grave aún, el instituto advierte que la agencia encabezada por José Antonio Peña Merino podría ejercer censura directa sobre medios y plataformas, al definir qué información es veraz. Esta interpretación es considerada como una forma autoritaria de control sobre el flujo de información, similar a lo que ocurre en países como Venezuela y Nicaragua, donde los medios críticos han sido sistemáticamente bloqueados o clausurados.
La ONU-DH también se pronunció sobre la iniciativa, solicitando al Senado garantizar el respeto a los estándares internacionales en temas como libertad de expresión, privacidad y derechos digitales. En un breve mensaje, pidió que el dictamen sea discutido en espacios abiertos y con la participación de expertos, para evitar retrocesos en materia de derechos humanos.
Frente a las críticas, la presidenta Sheinbaum aseguró que su iniciativa no busca censurar contenidos, sino regular plataformas digitales que incumplan con normativas fiscales o de seguridad. Reconoció que podría haber errores de redacción en algunos artículos y que están abiertos a corregirse durante el debate legislativo, aunque insistió en que la ley está alineada con los marcos legales de Estados Unidos y Europa.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respaldó la propuesta destacando que busca combatir prácticas monopólicas y reorganizar el sector tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según él, se trata de una legislación moderna y necesaria para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales, aunque admitió que corresponde al Congreso determinar su versión final.
Mientras el debate se intensifica, expertos y organizaciones insisten en que la reforma debe garantizar la independencia del regulador, evitar cualquier intento de censura previa y respetar los tratados internacionales. De no hacerlo, México corre el riesgo de retroceder décadas en libertades digitales y pluralidad mediática.
