El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que el proceso de selección de candidaturas al Poder Judicial para el próximo periodo electoral “falló en sus filtros básicos”, pues entre los aspirantes figuran abogados vinculados a la defensa de narcotraficantes.
“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar; no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, declaró el legislador de Morena, insistiendo en que estos perfiles deben ser removidos antes de la elección.
Noroña agregó que corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “determinar el fondo” de cada caso, pero señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe esperar a la votación para invalidar registros que violen la probidad constitucional.
Entre los perfiles cuestionados destacan Fernando Escamilla Villarreal, exdefensor de integrantes del cártel de Los Zetas, y Silvia Delgado, quien participó en la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. También han sido señalados aspirantes con antecedentes de liberaciones sistemáticas de presuntos narcotraficantes.
Organizaciones como Defensorxs y Laboratorio Electoral han documentado al menos media docena de casos ligados al crimen organizado, incluidos fiscales y exfuncionarios estatales, que buscan convertirse en jueces o magistrados federales.
Ante estos señalamientos, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que la revisión inicial de requisitos —incluida la probidad— la llevó a cabo el Senado, y que corresponde al Tribunal Electoral resolver impugnaciones una vez que se publiquen los resultados.
“No se trata de buenos deseos, sino de aplicación de la norma”, puntualizó Taddei, quien anunció que en la próxima sesión del Consejo General el INE emitirá un acuerdo para formalizar el envío de listas definitivas al Poder Legislativo y al TEPJF.
Mientras el Senado se alista para impugnar registros que no cumplan, se abre un lapso de impugnaciones antes del 1 de junio, en el que la ciudadanía y las instituciones podrán presentar pruebas y recursos para garantizar la integridad del proceso de elección judicial.
