El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, envió una nota diplomática a Estados Unidos como respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de transferir de manera urgente cerca de 45,000 hectáreas de tierras federales al Ejército en la frontera común. La medida, anunciada por el Departamento del Interior de EE.UU., tiene como objetivo “asegurar la frontera” y ha generado preocupación en el país vecino por sus implicaciones para la seguridad regional y los derechos humanos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que si bien se trata de una decisión autónoma dentro del territorio estadounidense, el gobierno mexicano espera que esta no implique un traspaso de la frontera ni altere la colaboración bilateral en temas de seguridad. “Lo que nosotros pedimos siempre es respeto y coordinación”, afirmó la mandataria, quien insistió en mantener un diálogo abierto con Washington pese a las acciones unilaterales recientes.
El anuncio de Trump también encendió alarmas por su posible vinculación con la reactivación del muro fronterizo, una de sus promesas políticas más persistentes. Aunque no se ha especificado el propósito exacto de la ocupación militar, la presidenta mexicana recordó que en ocasiones anteriores se han tomado medidas similares para reforzar la vigilancia fronteriza. Esta vez, la diferencia radica en la magnitud del terreno transferido: más de 44,000 hectáreas, comparadas con las 230 cedidas durante su anterior mandato.
Además del envío de la nota diplomática, Sheinbaum advirtió que se vigilará cuidadosamente que no haya violaciones a la soberanía mexicana, en especial considerando que la nueva base militar estaría ubicada en la conocida Reserva Roosevelt, franja fronteriza que abarca zonas de California, Nuevo México y Arizona. Esta reserva fue creada en 1907 con fines de seguridad, pero nunca había sido objeto de una ocupación de esta escala.
En Estados Unidos, la medida también ha generado críticas internas. Organizaciones defensoras de derechos humanos y algunos sectores políticos advierten que el uso del Ejército en funciones de control migratorio podría violar la Ley Posse Comitatus, que limita el empleo de fuerzas armadas en labores de orden civil. El Pentágono revisa actualmente la legalidad de la acción, aunque el presidente Trump ha ordenado que la presencia militar se mantenga mientras se realiza esa evaluación.
En su reciente entrevista con Fox News, Trump sostuvo que “México tiene mucho miedo de los carteles” y que el país ha perdido el control sobre grandes regiones. Aunque elogió su relación con Sheinbaum, volvió a colocar a México en el centro de su narrativa sobre seguridad y migración. En sus palabras, “la frontera es muy segura ahora mismo”, gracias a decisiones ejecutivas más que a reformas legales, y defendió la militarización como necesaria ante lo que calificó como “un ataque” en la frontera sur.
Durante su mandato, Claudia Sheinbaum ya había desplegado más de 10,000 militares mexicanos para frenar el paso irregular de migrantes y combatir el narcotráfico, lo que fue interpretado como un gesto de cooperación hacia Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo movimiento de Trump sugiere que, desde su perspectiva, la contención mexicana no ha sido suficiente, y por ello ha decidido reforzar la línea divisoria desde su propio lado.
México se mantiene alerta ante los desarrollos y reitera su exigencia de que cualquier medida tomada en la frontera respete los acuerdos de colaboración, la soberanía nacional y, sobre todo, los derechos humanos de los migrantes. La nota diplomática busca dejar claro que, si bien se reconoce la autonomía de Estados Unidos, no se tolerará ningún acto que ponga en riesgo la seguridad o dignidad del pueblo mexicano.
