Desde la comunidad de Cherán Atzicuirín, en Paracho, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, que garantizará a todas sus comunidades acceso directo a recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISPIAM). Con esta medida histórica, las comunidades p’urhépechas, reconocidas como sujetos de derecho público, podrán decidir de forma autónoma el destino de su presupuesto para obras sociales. El anuncio fue realizado en una asamblea tradicional, donde la mandataria destacó que este plan busca devolver lo que por años fue arrebatado a los pueblos originarios.
Como parte central del Plan de Justicia, Sheinbaum anunció el arranque del Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, con una inversión inicial de 100 millones de pesos para la instalación de 16 mil 500 estufas en 146 comunidades. El objetivo es mejorar la salud de las familias, reducir el impacto ambiental del uso de fogones y aprovechar la fuerza de las mujeres, quienes estarán a cargo de la construcción de estas estufas con insumos comprados en la misma región. La meta a nivel nacional es llegar al millón de estufas instaladas.
Durante el evento, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, refrendó el compromiso del gobierno federal con el respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios y con la justicia social. Subrayó que, por ley, ya no habrá tutelas ni intermediarios: ahora las propias comunidades p’urhépechas decidirán qué hacer con los recursos públicos que les corresponden. “La justicia ha llegado para quedarse”, expresó Montiel ante los asistentes, al firmar el convenio de justicia energética con la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha se centrará en cuatro grandes temas: territorio y medio ambiente; fortalecimiento de la autonomía y autogobierno; preservación de lengua, cultura e identidad; y bienestar integral, que incluye educación, salud, economía y vivienda. De acuerdo con el titular del INPI, Adelfo Regino, el plan beneficiará a 172 mil habitantes en 146 comunidades de 23 municipios. Se trabajará de manera coordinada entre autoridades tradicionales y diversas dependencias federales, con acompañamiento técnico de especialistas.
Este programa también tiene una dimensión profundamente personal para la presidenta Sheinbaum. Hace 42 años, durante sus estudios universitarios de física, realizó su tesis sobre estufas ecológicas en Cherán Atzicuirín, donde fue recibida por familias que la apoyaron en su formación. “No sería quien soy si no fuera por el pueblo p’urhépecha”, dijo conmovida. Recordó cómo dormía en tapancos, pesaba la leña usada y caminaba entre perros mientras investigaba modelos de cocción más saludables y sostenibles.
El regreso a esa comunidad fue marcado por una emotiva bienvenida. Sheinbaum fue recibida con el grito de “nana”, una distinción de respeto y afecto reservada a figuras entrañables. Solo tres hombres han sido llamados “tata” en el pasado. Esta muestra de cariño, según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refleja el vínculo profundo entre la presidenta y las comunidades de la región, que ven en ella una aliada comprometida con la justicia, el medio ambiente y la memoria histórica.
Los representantes comunales y autoridades indígenas resaltaron la importancia del Plan de Justicia como una ruta concreta para mejorar la vida de las familias. “Aquí tiene a su otra familia, que siempre la espera con los brazos abiertos”, expresó Felipe Márquez Escamilla, presidente de Bienes Comunales. La comunidad reconoció que, tras años de lucha por su autonomía, el momento histórico que viven hoy es resultado de la organización colectiva y la persistencia de sus pueblos.
En el arranque del Plan de Justicia estuvieron presentes funcionarios del gabinete federal, técnicos del programa de estufas ecológicas y autoridades tradicionales. Todos coincidieron en que este esfuerzo representa una política pública transformadora que combina saberes ancestrales con ciencia, justicia social con acción gubernamental, y compromiso histórico con un presente digno para los pueblos originarios.
