Cientos de familias de personas desaparecidas acudieron al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, este fin de semana para exigir transparencia en el procesamiento de la evidencia hallada en el lugar. Los colectivos de búsqueda, encabezados por Guerreros Buscadores de Jalisco, denunciaron que las autoridades han alterado el escenario, dejando el predio “barrido” y sin pruebas físicas que respalden los testimonios de desapariciones masivas. En sus redes sociales, las madres y otros familiares expresaron su enojo, afirmando que el sitio, que en otros momentos mostró indicios de restos humanos y pertenencias, ahora se asemeja a un museo sin pistas.
Durante la visita, los afectados se mostraron profundamente frustrados al observar que el rancho había sido reordenado y que muchos de los objetos personales, que en investigaciones previas habían sido identificados, ya no se encuentran en el lugar. Según testimonio de varias madres, el operativo de acceso organizado por las autoridades permitió solamente un breve recorrido, durante el cual se les mostró un “catálogo digital” en lugar de las evidencias físicas. La sensación general es de indignación y de una negligencia que rehúye esclarecer la verdad.
Los colectivos aseguran que en visitas anteriores se habían encontrado objetos de gran valor probatorio, como prendas de vestir, zapatos y libretas, elementos que identificaban a los desaparecidos. Sin embargo, en esta ocasión, los familiares sostienen que el sitio fue manipulado, alterado y “arreglado” por funcionarios estatales, lo que, según ellos, tiene como único fin ocultar la magnitud del crimen. “Esto es una burla a nuestro dolor, una simulación que pretende borrar la evidencia de lo que realmente ocurrió”, denunciaron en redes sociales.
Ante la situación, los colectivos han exigido la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se revise el proceder de las autoridades estatales y federales. Los manifestantes sostienen que su exclusión del procesamiento y acceso al predio vulnera sus derechos como víctimas, impidiéndoles participar activamente en la búsqueda de justicia y en el deslinde de responsabilidades. “Nos están negando la posibilidad de conocer la verdad de nuestros seres queridos, y eso es inaceptable”, reclamaron.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Jalisco han emitido comunicados en los que explican que el acceso al rancho se ha limitado por razones de seguridad, a fin de preservar la integridad de la investigación. Sin embargo, los colectivos argumentan que estas medidas han sido utilizadas para encubrir hallazgos y evitar que se haga pública información que podría contradecir las versiones oficiales. Esta discrepancia ha generado un intenso debate en redes y foros ciudadanos, donde se acusa al gobierno de “inventar una nueva verdad histórica”.
Los activistas denuncian además la falta de coordinación entre las autoridades, lo que ha llevado a que el proceso de peritaje se vea comprometido. Según informes, en el sitio se han encontrado restos óseos, objetos personales y otros indicios que apuntan a un posible campo de exterminio, pero que hasta el momento no han sido procesados de manera integral. “Necesitamos que se realicen todos los análisis periciales y que se nos brinde acceso real a la evidencia, no solo imágenes en línea”, declaró una de las líderes del colectivo.
Frente a esta situación, diversas organizaciones de derechos humanos han llamado a que se garantice la participación de las familias y de los colectivos en todas las fases de la investigación. Ellos consideran que solo con una verdadera colaboración entre autoridades y sociedad civil se podrá reconstruir la memoria y lograr justicia para las víctimas. “No se trata solo de un caso aislado, es la lucha de cientos de familias que merecen conocer lo que pasó con sus seres queridos”, subrayaron.
Finalmente, los colectivos de búsqueda reiteraron su compromiso de continuar denunciando las irregularidades en el manejo del rancho Izaguirre y en la investigación de los delitos cometidos en ese sitio. “No nos detendremos hasta que se esclarezca la verdad y se haga justicia para nuestras familias. Exigimos transparencia, responsabilidad y, sobre todo, el respeto a nuestros derechos como víctimas”, concluyeron en un emotivo comunicado.
