En Teuchitlán, Jalisco, se intensifica la controversia sobre un rancho que presuntamente funcionó como campo de reclutamiento y exterminio para integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha exigido que el gobierno de Jalisco informe detalladamente sobre lo encontrado en el inmueble, que fue inicialmente asegurado por la fiscalía estatal en septiembre de 2024.
Sheinbaum puntualizó en un comunicado que es fundamental realizar una investigación exhaustiva antes de emitir conclusiones, ya que la información preliminar se basa únicamente en reportes de grupos de buscadores y datos parciales ofrecidos por las autoridades estatales. “No es un asunto político, sino una cuestión de justicia e investigación para deslindar responsabilidades”, afirmó la mandataria.
La presidenta recordó que la fiscalía estatal realizó un resguardo original del inmueble, pero hasta el momento solo se cuenta con información dispersa y fotografías aisladas proporcionadas por colectivos ciudadanos. Insistió en que es imperativo conocer en detalle qué evidencias se han encontrado en el predio para que las autoridades puedan actuar de forma transparente y responsable.
Asimismo, Sheinbaum destacó la necesidad de que se realicen peritajes completos en el lugar, ya que el rancho Izaguirre podría haber sido utilizado no solo para reclutar jóvenes para el crimen organizado, sino también para llevar a cabo actos de exterminio y ocultación de restos humanos. “Queremos que las fiscalías den a conocer toda la información para esclarecer lo sucedido”, señaló la mandataria.
Cinco días después de los primeros reportes, la Fiscalía del Estado de Jalisco publicó un catálogo inicial que detalla prendas y objetos hallados en el rancho, entre ellos ropa, mochilas y artículos de higiene personal. Sin embargo, colectivos de búsqueda han manifestado que existen evidencias adicionales, como zapatos, armas y restos óseos, que aún no han sido incluidas en el listado oficial.
La comunidad de Guerreros Buscadores de Jalisco ha denunciado que el inmueble, de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, presenta áreas destinadas a entrenamiento táctico y zonas donde se han encontrado indicios de fosas clandestinas. Estos hallazgos han generado alarma en la sociedad civil y en diversos sectores que exigen la apertura inmediata de una investigación a nivel federal.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, visitó el sitio y reconoció que los primeros operativos realizados por la Guardia Nacional fueron insuficientes para determinar la magnitud de las actividades delictivas que allí se desarrollaron. Según declaraciones, el rancho mostró señales de haber sido utilizado durante años para reclutar y adiestrar a jóvenes, así como para cometer asesinatos que pasaron desapercibidos hasta que los colectivos lograron documentarlos.
La situación ha puesto en evidencia la posible negligencia de las autoridades locales y estatales, quienes podrían haber permitido que un centro tan crucial para el crimen organizado pasara desapercibido durante meses. Funcionarios y grupos de la sociedad civil exigen que se esclarezcan las responsabilidades y se tomen medidas para evitar que se repita este tipo de omisiones en el futuro.
Ante la presión social, la Fiscalía General de la República fue invitada a sumarse a la investigación, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su participación. La expectativa es que en las próximas semanas se divulgue un informe detallado que permita conocer el alcance de los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, tanto de autoridades locales como de actores del crimen organizado.
Finalmente, el caso del Rancho Izaguirre es un recordatorio del persistente desafío que enfrenta México para combatir el crimen organizado. La exigencia de transparencia y la pronta rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza de la ciudadanía y garantizar que se implementen medidas efectivas para proteger a la sociedad de estas actividades ilícitas.
