La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece las bases legales para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean empresas públicas del Estado, en lugar de empresas productivas. Con 33 votos a favor y nueve en contra, el documento será discutido en el Pleno, con la intención de que entre en vigor el 18 de marzo, fecha emblemática de la expropiación petrolera de 1938.
El paquete de reformas incluye ocho nuevas leyes y la modificación de diversas normativas, como la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos y la Ley de Planeación y Transición Energética. Entre sus principales objetivos está otorgar al Estado el control sobre la producción y distribución de energía, garantizar tarifas accesibles y fortalecer a ambas paraestatales dentro del sector energético.
Sin embargo, la oposición cuestionó la iniciativa al considerar que no atiende los desafíos del sector y crea un modelo monopólico y poco transparente. La diputada del PRI, Verónica Martínez García, señaló que la reforma «se queda corta», ya que no establece inversión en infraestructura ni mecanismos claros para la fijación de tarifas energéticas.
Desde el PAN, la diputada Genoveva Huerta Villegas acusó que el dictamen crea un «régimen de excepción» que permite a CFE y Pemex adjudicaciones directas sin licitación, lo que podría fomentar la corrupción. «Ustedes lo que quieren es institucionalizar sus adjudicaciones directas», reclamó en la sesión.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum instó a los diputados a aprobar las reformas antes del 18 de marzo, con el fin de formalizar la nueva estructura legal de Pemex y CFE. En su conferencia matutina, subrayó que con estos cambios se busca revertir la reforma energética de 2013, la cual, según su visión, debilitó a ambas empresas y favoreció la participación privada en el sector.
En el caso de Pemex, Sheinbaum destacó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la petrolera acumuló una deuda de 132 mil millones de dólares, mientras que su producción disminuyó. Con la nueva legislación, el gobierno pretende reintegrar verticalmente a la empresa, reducir su endeudamiento y fortalecer la refinación de gasolinas y diésel.
Respecto a CFE, la mandataria explicó que la reforma le permitirá recuperar la rectoría del sector eléctrico con al menos el 54 % del mercado, además de impulsar proyectos de transición energética. Aseguró que la producción eléctrica estatal se había reducido significativamente debido a la apertura a empresas privadas.
A pesar de la resistencia de la oposición, la reforma energética impulsada por Sheinbaum y su partido avanza con el respaldo de la mayoría legislativa. La discusión en el Pleno será clave para definir el futuro de Pemex y CFE, en un contexto donde la autosuficiencia energética y el papel del Estado en el sector siguen siendo temas de debate nacional.