El Senado de la República aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, garantizando su continuidad como una política pública prioritaria. Con 76 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la iniciativa pasó al Congreso de los Estados para su ratificación.
El programa, implementado desde 2019, ha beneficiado a más de 2.6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, otorgándoles una beca mensual y capacitación en empresas e instituciones. La reforma busca evitar que futuros gobiernos puedan eliminarlo sin un proceso legislativo formal.
Senadores de Morena y sus aliados defendieron la medida, argumentando que el programa ha reducido la brecha de desigualdad y ha permitido la inserción laboral de miles de jóvenes. En contraste, legisladores de la oposición criticaron la falta de evaluación sobre su impacto real y el uso de recursos públicos sin mecanismos de transparencia suficientes.
La elevación a rango constitucional refuerza la permanencia del programa, similar a lo que ocurrió con otros apoyos sociales como la pensión para adultos mayores. Con ello, cualquier intento de modificarlo requerirá una reforma constitucional con mayoría calificada.
El gobierno federal ha destinado más de 100 mil millones de pesos a este programa desde su creación, convirtiéndolo en uno de los pilares de la política social del actual sexenio. Sin embargo, expertos han señalado la necesidad de mejorar el seguimiento de los beneficiarios para garantizar que la capacitación se traduzca en empleo formal.
Empresarios y académicos han expresado opiniones divididas sobre la iniciativa. Mientras algunos reconocen que ha facilitado el acceso a experiencia laboral, otros consideran que no ha resuelto el problema de desempleo juvenil, pues muchos participantes no logran colocarse en puestos de trabajo estables al terminar su capacitación.
El siguiente paso será la aprobación en al menos 17 Congresos estatales para que la reforma sea promulgada. Se espera que el debate continúe en el ámbito político y social, ya que el programa ha sido una de las principales banderas del gobierno de la 4T.
Con esta decisión, el Senado refuerza la permanencia de una política pública clave, aunque el desafío ahora será mejorar su efectividad y garantizar que los jóvenes beneficiados logren una inserción laboral sostenible a largo plazo.
