El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, enfrenta una orden de aprehensión por presunto desvío de recursos durante su administración. La medida judicial, emitida por un juez de control en Almoloya de Juárez, también incluye a siete de sus excolaboradores, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, y otros funcionarios detenidos recientemente. Sin embargo, su hermano, el exsenador Antonio García Conejo, calificó la situación como una persecución política, asegurando que las acusaciones contra Aureoles no han sido sustentadas con pruebas.
Según García Conejo, esta acción forma parte de una estrategia del gobierno federal para desviar la atención de otros temas. En una entrevista, recordó que durante su mandato, Aureoles intentó presentar pruebas sobre la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones estatales, pero nunca fue recibido por el presidente de la República. Añadió que la persecución se extiende a otros exfuncionarios de la administración de Aureoles, quienes han sido detenidos en los últimos días sin que, según él, se haya comprobado algún delito.
Entre los exfuncionarios arrestados se encuentran Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la misma dependencia. Maldonado Mendoza fue capturado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras ser deportado desde Estados Unidos. Según informes, había intentado fugarse en un helicóptero con destino a Guadalajara para luego viajar a Miami.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha señalado en diversas ocasiones que su antecesor incurrió en un manejo irregular de los recursos públicos, particularmente en el área de seguridad. De acuerdo con las denuncias presentadas, el gobierno de Aureoles habría erogado sumas excesivas para la construcción de cuarteles policiales, con costos que superaron los mil millones de pesos.
Aureoles ha rechazado las acusaciones en su contra y ha insistido en que su administración actuó conforme a la ley. En 2021, cuando se hicieron señalamientos sobre la existencia de un búnker en la residencia oficial del gobernador, él negó haber realizado modificaciones en el inmueble y sostuvo que las condiciones de seguridad eran consecuencia de la violencia en Michoacán.
García Conejo afirmó que la orden de captura contra su hermano es una represalia política y una señal de que el país avanza hacia un sistema autoritario. Aseguró que la persecución podría extenderse a otras figuras opositoras y advirtió que él mismo podría ser objeto de acusaciones en el futuro. «No me voy a callar», sentenció.
Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene su postura de que las detenciones forman parte de un esfuerzo por combatir la corrupción en la entidad. En 2022, Ramírez Bedolla se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para dar seguimiento a las denuncias contra la administración de Aureoles, subrayando que el desvío de recursos afectó directamente a la seguridad del estado.
La situación legal de Aureoles sigue en proceso, y su paradero actual es incierto. Aunque su equipo no ha emitido declaraciones oficiales, se espera que su defensa busque impugnar la orden de captura. El caso ha generado un intenso debate político, con versiones encontradas sobre si se trata de una medida de justicia o una estrategia de represión contra la oposición.
