Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes comparecieron ante la Corte del Distrito Este de Nueva York tras su traslado desde México, proceso que las autoridades estadounidenses han calificado como «expulsión» en lugar de extradición. Ambos capos, señalados por décadas de actividades criminales vinculadas al narcotráfico y violencia, enfrentan cargos que podrían derivar en cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Durante sus primeras audiencias, ambos se declararon no culpables y permanecerán bajo custodia hasta el inicio de sus juicios, programados para finales de marzo.
El caso de Caro Quintero destaca por su relación con el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985, crimen por el cual fue sentenciado en México y luego liberado por un fallo judicial en 2013. Capturado nuevamente en 2022, ahora enfrenta una batería de acusaciones en Estados Unidos, incluyendo tráfico de drogas, delincuencia organizada y homicidio. La DEA, que persiguió al capo durante casi cuatro décadas, calificó su arresto como un «hecho histórico» y reafirmó su compromiso de que «nadie que ataque a un agente estadounidense quedará impune».
Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez y hermano de Amado Carrillo, «El Señor de los Cielos», también se enfrenta a múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas, violencia extrema y lavado de dinero. Durante su audiencia, su abogado sorprendió al tribunal al mencionar que su defensa considerará el contexto histórico de la violencia en América Latina, citando el libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Sin embargo, el juez se limitó a informar a Carrillo Fuentes sobre los cargos y la posible sentencia que enfrenta.
En una inusual exhibición de fuerza, más de cien agentes de la DEA acudieron a la audiencia de Caro Quintero en lo que se interpretó como un acto de venganza simbólica por el asesinato de Camarena. La fiscal asistente Saritha Komatireddy enfatizó que la presencia de los agentes «honra la memoria de su compañero caído y de otros estadounidenses afectados por el narcotráfico». Durante la comparecencia, Caro Quintero pidió asistencia médica, pero aceptó sin objeciones los términos de su detención.
Además de estos dos capos, otros 27 presuntos narcotraficantes mexicanos fueron enviados a Estados Unidos en un operativo coordinado por ambos gobiernos. Entre ellos destacan Miguel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas, quienes fueron detenidos en Washington. La entrega masiva de delincuentes ha generado controversia en México debido a la falta de claridad sobre el marco legal que permitió su traslado. Aunque el gobierno mexicano justificó la acción como una medida de «seguridad nacional», algunos expertos han cuestionado la legalidad del proceso.
Las autoridades estadounidenses han endurecido su postura contra el narcotráfico, calificando a estos criminales como «terroristas» y argumentando que sus acciones representan una amenaza a la seguridad nacional. El fiscal John Durham señaló que estos capos «han inundado Estados Unidos de drogas y violencia» y advirtió que «no importa cuánto tiempo tome ni dónde se escondan, enfrentarán la justicia». Bajo esta premisa, la DEA ha reforzado su cooperación con México para eliminar estructuras criminales transnacionales.
La siguiente audiencia de Carrillo Fuentes se realizará el 25 de marzo, mientras que la de Caro Quintero está programada para el 26. Ambos permanecerán recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, junto a otros narcotraficantes de alto perfil como Ismael «El Mayo» Zambada. El juicio de estos capos podría marcar un precedente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
