El país sufrió un apagón que dejó a casi ocho millones de hogares sin electricidad en diversas regiones. El corte se registró alrededor de las 15:15 horas del 25 de febrero de 2025 y afectó al 99 por ciento del territorio, sumiendo a la nación en la incertidumbre. La emergencia obligó a declarar el estado de excepción y a imponer un toque de queda para controlar la situación. Este suceso, el segundo de gran magnitud en apenas seis meses, ha conmocionado a la ciudadanía.
Ante la crisis, las autoridades implementaron medidas de seguridad que se fueron relajando gradualmente conforme se restablecía el servicio. En la región metropolitana, donde reside casi la mitad de la población, el toque de queda se mantuvo hasta primeras horas del miércoles. La medida buscaba proteger a los ciudadanos y garantizar el orden en un ambiente de caos. El estado de emergencia se aplicó para coordinar de forma efectiva la respuesta ante el desastre.
El presidente Gabriel Boric responsabilizó a la empresa ISA Chile por la falla que desencadenó el corte, denunciando la negligencia en la operación del sistema eléctrico. Por su parte, el Coordinador Eléctrico Nacional explicó que la interrupción se debió a una desconexión en el sistema de transmisión de 500 kV en el Norte Chico, tras cuatro intentos fallidos de reconexión. Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer el origen del apagón y exigir responsabilidades. Este episodio ha puesto en evidencia vulnerabilidades en la infraestructura del país.
El apagón generó un profundo impacto en la vida cotidiana, paralizando actividades bancarias, comerciales, financieras y mineras, además de poner en riesgo servicios esenciales como hospitales y aeropuertos. En las calles se vivieron embotellamientos caóticos, cierres de semáforos y retrasos en el transporte público, complicando la movilidad urbana. La conectividad digital y los sistemas de telecomunicaciones también se vieron afectados, dificultando la comunicación. La suspensión de eventos, como el Festival Internacional de Viña del Mar, subraya el alcance del desastre.
Con el transcurso de la jornada se logró restablecer la electricidad de manera gradual, y más de cuatro millones de hogares recuperaron el servicio en algunos sectores. En áreas del centro de Santiago, la luz regresó tras seis u ocho horas de corte, aunque en varias regiones la normalidad aún era incierta. La estrategia de recuperación se centró en reactivar la red de transmisión y garantizar la calidad del suministro. No obstante, la desigualdad en el restablecimiento del servicio sigue generando preocupación.
Este apagón masivo revela la fragilidad de la infraestructura eléctrica en un país que depende de un sistema complejo y vulnerable. La experiencia ha impulsado demandas de mayor supervisión y regulación en el sector privado, así como inversiones en modernización tecnológica. Autoridades y expertos coinciden en la necesidad de aprender de este suceso para prevenir futuros cortes que afecten la vida cotidiana. La responsabilidad de garantizar un servicio confiable recae en todos los actores, en beneficio de la seguridad y el bienestar nacional.
