El uso de drones no tripulados por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos dentro del territorio mexicano ha generado tensiones en la relación bilateral. Según reportes de CNN y The New York Times, estas aeronaves han sido desplegadas para monitorear la actividad de los cárteles de la droga y detectar laboratorios clandestinos de fentanilo. La información recolectada ha sido compartida con autoridades mexicanas, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha minimizado el hecho, sugiriendo que se trata de una estrategia mediática para presionar a México.
Los vuelos de los drones MQ-9 Reaper, comúnmente utilizados en operaciones antiterroristas, no se han limitado a la zona fronteriza, sino que han incursionado en el espacio aéreo mexicano. Fuentes estadounidenses aseguran que la frecuencia de estos vuelos ha aumentado bajo la administración de Donald Trump, quien desde su primer día en la presidencia designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta clasificación le otorga a Washington mayores facultades en su lucha contra estos grupos, generando inquietud en el gobierno mexicano.
La administración de Sheinbaum ha evitado confirmar si se otorgó permiso a Estados Unidos para estas operaciones. En una conferencia de prensa, la mandataria sugirió que los reportes sobre espionaje son parte de una campaña para justificar la injerencia estadounidense en asuntos de seguridad en México. Sin embargo, funcionarios del Pentágono han señalado que estas misiones forman parte de un esfuerzo más amplio para frenar el tráfico de drogas y la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos.
Además de los drones de la CIA, otras agencias como el Departamento de Seguridad Interior y el Pentágono han desplegado aeronaves de vigilancia, incluyendo aviones radar y sistemas de reconocimiento, para monitorear actividades ilícitas en la frontera. A principios de febrero, una aeronave militar estadounidense fue detectada cerca de Sinaloa, un hecho que las Fuerzas Armadas de México reconocieron días después. Se trató de uno de dos sobrevuelos autorizados por la administración de Trump, aunque sin mayores detalles sobre sus objetivos.
El general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, declaró recientemente ante el Senado que las organizaciones criminales mexicanas representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, tanto por la producción de drogas como por su papel en la migración irregular. En respuesta, el Pentágono ha sumado a 500 elementos del Comando Norte a tareas de vigilancia en la frontera, con el apoyo de 140 agentes de inteligencia especializados en rastrear redes criminales.
Aunque Washington sostiene que estos operativos buscan fortalecer la cooperación en seguridad, las crecientes incursiones de drones en territorio mexicano han encendido alarmas sobre una posible vulneración a la soberanía nacional. La administración de Sheinbaum enfrenta el reto de equilibrar la cooperación con Estados Unidos sin permitir que la intervención directa de agencias como la CIA afecte el control de la seguridad en el país.
