En un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, se detuvo a 98 presuntos policías municipales en el ayuntamiento de Tonalá, Chiapas. Los detenidos no pudieron acreditar su condición de servidores públicos, lo que los vincula al delito de usurpación de funciones. La acción se llevó a cabo durante una inspección destinada a verificar el armamento y las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Durante el operativo, se constató que tres de los detenidos portaban armas de fuego y dos de ellos mantenían comunicación con grupos delictivos, alertándolos sobre la ubicación de retenes y operativos de seguridad. Esta situación fue evidenciada mediante la revisión de sus teléfonos, en la que se hallaron mensajes que sugerían colaboración con el crimen organizado. Los elementos fueron arrestados en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones pertinentes.
El operativo forma parte de la Mesa de Seguridad Regional, un esfuerzo conjunto de diversas instituciones para combatir la infiltración del crimen organizado en cuerpos policiales. Las autoridades han subrayado que estas acciones son fundamentales para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública y garantizar el respeto a la ley. Además, se destacó la importancia de actuar con «Cero Impunidad» para desmantelar redes de corrupción que han afectado a Chiapas en los últimos meses.
La operación se suma a otros incidentes recientes en Chiapas, donde ya se han detenido a cientos de policías por delitos similares. En un operativo en Comitán de Domínguez y Chiapa de Corzo, se arrestaron 87 policías municipales y de tránsito, quienes fueron investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Estas acciones reflejan un esfuerzo sistemático de las autoridades para frenar la corrupción y el abuso de poder en el sector de seguridad pública.
Las investigaciones continúan, y un equipo multidisciplinario está recopilando pruebas para sustentar las acusaciones contra los detenidos. Las autoridades enfatizan que se activarán todos los protocolos para esclarecer la situación jurídica de cada uno de ellos, así como para identificar posibles nexos adicionales con el crimen organizado. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el alcance y las implicaciones de este operativo en Tonalá.
El gobernador de Chiapas ha manifestado en redes sociales su respaldo a estas acciones, reiterando que la lucha contra la corrupción y la infiltración criminal en los cuerpos policiales es una prioridad del Gobierno estatal. La operación en Tonalá es vista como una señal clara de que las autoridades no tolerarán ninguna conducta que menoscabe la integridad de la seguridad pública, reafirmando el compromiso de «Cero Impunidad» en la región.
