El último paso de Donald Trump en la guerra arancelaria global ha marcado un antes y un después para el T-MEC, el tratado que rige las relaciones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá desde 2020. La imposición de un gravamen del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, anunciado este lunes, ha dejado en entredicho no solo la viabilidad del libre comercio en la región, sino también el futuro de las economías de los principales exportadores de estos metales.
La medida ha sido muy bien recibida por los fabricantes estadounidenses que se oponen a la competencia de metales extranjeros a precios bajos, pero su efecto se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos. Con este arancel, Trump ha decidido dar un golpe contundente a las economías de Canadá y México, además de afectar a otros proveedores globales como Brasil, que recientemente se posicionó como el segundo suministrador de acero para el país norteamericano.
En Canadá, la situación se torna especialmente delicada. El país es el principal proveedor de acero a Estados Unidos, con un negocio de 11,200 millones de dólares, y el mayor exportador de aluminio, con ventas de 9,500 millones de dólares. Tras una breve negociación en la que el primer ministro Justin Trudeau obtuvo un aplazamiento de un mes a cambio de compromisos para contener el tráfico de personas y fentanilo, el anuncio de nuevos aranceles ha hecho que Ottawa se enfrente a la cruda realidad de una guerra económica sin precedentes.
Para México, los nuevos gravámenes representan un riesgo directo para sectores industriales clave. Industrias como la automotriz, la electrónica, la química farmacéutica y la eléctrica dependen del acero y el aluminio como insumos fundamentales en sus cadenas de producción. Los expertos advierten que el incremento de los costos de estos materiales se trasladará a la producción y, en última instancia, a los precios que pagan los consumidores, debilitando la competitividad de la economía mexicana.
Esta política arancelaria continúa la línea proteccionista que Trump ya había implementado durante su primer mandato, cuando se impusieron aranceles de 25% sobre el aluminio y 10% sobre el acero, aunque en esa ocasión se negociaron excepciones para Canadá y México. Ahora, la falta de clemencia y la imposición generalizada de estos impuestos evidencian una ruptura en la tradición de cooperación comercial en Norteamérica, poniendo en riesgo el equilibrio de las relaciones económicas en la región.
Algunos economistas alertan que, si se extiende la aplicación de estos aranceles al 25% de todas las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, el impacto podría alcanzar el 7% del PIB de México, lo que podría desencadenar una recesión. Según Fitch Ratings, los efectos en las cadenas de suministro y en la producción industrial podrían superar las estimaciones iniciales, afectando severamente sectores tan estratégicos como el automotriz, aeroespacial y de infraestructura.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, ha criticado enérgicamente la medida. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Ebrard argumentó que la tarifa resulta injusta, ya que México importa más acero de Estados Unidos de lo que exporta, generando un desequilibrio que perjudica a ambas naciones. Insistió en que imponer tal impuesto sería “un balazo en el pie” para la economía norteamericana y anunció la intención de entablar consultas con la nueva administración de Estados Unidos para buscar soluciones basadas en el sentido común.
El impacto de estos aranceles no se limita a Canadá y México; otros países de América Latina también se ven amenazados. Brasil, el segundo mayor proveedor de acero para Estados Unidos, y países como Argentina y Colombia, que dependen de la exportación de estos metales, podrían enfrentar mayores tarifas que alteren sus posiciones en el mercado estadounidense. En este contexto de tensiones comerciales, el futuro del T-MEC y la estabilidad del comercio en la región quedan en un delicado estado de incertidumbre.
