El gobierno de México aseguró que ningún ciudadano mexicano será deportado a Guantánamo, luego de que Estados Unidos iniciara traslados de migrantes detenidos a la base militar en Cuba. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que se envió una nota diplomática a Washington para dejar claro que México recibirá a todos sus ciudadanos que deseen regresar, evitando su envío a instalaciones estadounidenses en el extranjero.
Mientras tanto, la administración de Donald Trump confirmó que el primer vuelo con migrantes deportados a Guantánamo despegó este martes desde la base militar de Fort Bliss, en Texas. El gobierno estadounidense no ha especificado la nacionalidad de los 10 migrantes trasladados, pero se informó que todos tienen antecedentes criminales. Además, la Casa Blanca defendió la medida argumentando que busca evitar que el país se convierta en un “vertedero de criminales de todo el mundo”.
El presidente Trump ha intensificado su discurso contra la migración irregular, calificando a los más de 11 millones de indocumentados en EE.UU. como una amenaza para la seguridad. En este contexto, ordenó ampliar la capacidad de detención en Guantánamo para recibir hasta 30 mil personas, además de desplegar 150 militares adicionales en la base. Sin embargo, organismos y académicos han señalado que la mayoría de los migrantes no representan un peligro, ya que vivir sin documentos en EE.UU. es una falta civil y no criminal.
Paralelamente, se han registrado deportaciones a otros países de América Latina, como Guatemala, Perú, Honduras, Colombia y Bolivia. En Bogotá, un grupo de 110 migrantes repatriados desde Luisiana denunció abusos y tratos inhumanos en los centros de detención donde estuvieron antes de ser expulsados. Testimonios recogidos en medios colombianos relatan condiciones degradantes, uso excesivo de esposas y discriminación por su origen latinoamericano.
El envío de migrantes a Guantánamo y la expansión de su capacidad han generado preocupación internacional. Expertos en derechos humanos advierten que esta política podría derivar en detenciones indefinidas sin un debido proceso. Mientras tanto, México ha reiterado su compromiso de proteger a sus ciudadanos y garantizar su retorno sin exponerlos a este tipo de medidas.
