La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó asumir las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) luego de que este órgano renunciara en pleno tras la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En una sesión privada, los ministros determinaron de manera unánime que no es competencia de la Corte realizar la insaculación de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, tarea que ahora recaerá en el Senado de la República.

La ministra Margarita Ríos Farjat había propuesto que la SCJN asumiera la tarea de evaluación de los candidatos, argumentando que el mecanismo de insaculación comprometía la equidad en la contienda, ya que la selección de candidatos se haría sin un proceso de evaluación de idoneidad. Farjat sugirió que la Escuela Judicial aplicara exámenes de conocimientos en materias esenciales como derechos humanos y amparo, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría de los ministros.

Mientras tanto, el Senado ya ha anunciado que realizará el sorteo de aspirantes el próximo 30 de enero, siguiendo la instrucción del TEPJF. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, justificó esta acción señalando que el Comité de Evaluación dejó de cumplir con sus funciones, lo que obligó a la Cámara alta a intervenir. En caso de que la SCJN no apruebe la lista de candidatos, se aplicará la figura de «afirmativa ficta», dando por válida la selección de manera automática.

El conflicto se intensificó cuando la ministra Lenia Batres Guadarrama criticó a la SCJN por permitir lo que calificó como «actos sin fundamento jurídico» al intervenir en el proceso de selección de candidaturas. Batres señaló que el Tribunal Electoral tuvo que intervenir nuevamente para reencauzar el proceso electoral, ya que el Comité de Evaluación del PJF había abandonado sus funciones desde el 7 de enero.

Magistrados federales han cuestionado la actuación del Tribunal Electoral, acusándolo de sobrepasar sus competencias y de colocarse por encima de la SCJN. Juan José Olvera López, magistrado del TEPJF, señaló que el conflicto radica en determinar si se trata exclusivamente de un tema electoral o si también involucra otras materias constitucionales.

Este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Tribunal Electoral no solo evidencia la falta de consenso sobre el mecanismo de elección judicial, sino que también pone en duda la viabilidad del modelo impulsado por la reforma constitucional. Con el Senado asumiendo funciones clave en la selección de candidatos, el desenlace de este proceso marcará un precedente sobre el equilibrio de poderes en México.

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