Este viernes se desató la controversia tras un informe publicado por NBC News que afirmaba que el gobierno de México habría denegado la entrada de un avión militar estadounidense con migrantes deportados a bordo. De acuerdo con el medio, dos aeronaves C-17 de la Fuerza Aérea lograron despegar con destino a Guatemala, pero un tercer vuelo hacia territorio mexicano fue supuestamente rechazado. Sin embargo, tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses han desmentido esta versión.
La Casa Blanca aclaró que lo ocurrido fue un «problema administrativo» que se resolvió de manera rápida. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, enfatizó en su cuenta de X que México había aceptado cuatro vuelos de deportación el mismo día, un récord histórico. Además, destacó la cooperación bilateral en temas migratorios, incluyendo la reinstauración de la política “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también desmintió la información, reiterando que el país siempre recibirá a sus connacionales con los brazos abiertos en casos de repatriación. Fuentes de la SRE aseguraron que «ningún controlador aéreo en México negó el aterrizaje de un avión,» ya que tomar tal decisión pondría en riesgo la vida de las personas a bordo.

El contexto de estas declaraciones se da en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias por parte de la administración de Donald Trump, quien busca cumplir con su promesa de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Esta estrategia incluye el uso de aviones militares, como los modelos C-130 y C-17, para deportar a más de 5,400 personas actualmente en custodia de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En contraste, también se informó que durante el gobierno de Joe Biden se realizaron 860 vuelos de repatriación en solo seis meses del 2024, expulsando a más de 271,000 individuos.
El caso subraya la tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos desde que Trump asumió nuevamente la presidencia, exacerbada por amenazas como la imposición de un arancel del 25% a productos mexicanos. A pesar de estas fricciones, la SRE insistió en que ambos países mantienen una cooperación respetuosa y constante en temas migratorios y de seguridad.