El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó, a partir del 1 de enero de 2025, un arancel del 19% para productos importados a través de plataformas digitales, especialmente los provenientes de países sin un tratado comercial con México, como China. Esta medida afecta a gigantes como Shein y Temu, que han dominado el mercado con productos a bajo costo. En contraste, empresas estadounidenses como Amazon y Walmart se benefician del TMEC, pagando un impuesto del 17% por productos con valor entre 50 y 117 dólares.

La política busca proteger la industria textil mexicana, aumentar la recaudación fiscal y mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Además, refuerza la supervisión de bienes procedentes de Asia, combatiendo prácticas abusivas y cerrando vacíos legales que eximían de impuestos a ciertos productos importados. Las plataformas afectadas deberán registrarse en el RFC, pagar IVA, gestionar una firma electrónica y designar un representante legal en México.

El impacto no se limita al comercio electrónico. Servicios como Uber y Airbnb también están obligados a cumplir con el pago del IVA y el ISR, emitiendo facturas a quienes lo soliciten. La Secretaría de Economía también anunció un arancel del 35% para productos textiles importados, una medida temporal hasta 2026 que busca revitalizar la producción nacional y proteger empleos en el sector.

Estas disposiciones son vistas como un mensaje conciliador hacia Estados Unidos, especialmente ante la presión del próximo gobierno de Donald Trump, quien ha amenazado con aumentar aranceles a las importaciones mexicanas si no se frena la migración hacia su país. En este contexto, México busca equilibrar sus relaciones comerciales mientras mantiene firmeza frente a las importaciones asiáticas.

Analistas destacan que estas políticas podrían alterar significativamente el mercado. Si bien se espera un beneficio para la industria local, los consumidores enfrentan la posibilidad de precios más altos en productos importados. Además, los nuevos aranceles podrían complicar programas como IMMEX, afectando a empresas extranjeras que operan en México bajo esquemas de libre comercio para manufactura y exportación.

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