El Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo otorgó la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con lo que se mantienen paralizados los efectos de los cambios de uso de suelo vinculados al proyecto turístico Perfect Day en Mahahual. La resolución se da pese a pronunciamientos de autoridades y voces oficialistas que han impulsado la continuidad del megaproyecto por la promesa de empleos e inversión.

DMAS informó que la determinación judicial establece que, mientras no se resuelva el fondo del juicio, no pueden surtir efectos legales las autorizaciones, permisos o licencias derivados de la reconfiguración urbana impugnada. Con ello, se evita que se consoliden derechos que permitan avanzar el proyecto bajo un esquema de planeación que actualmente se encuentra bajo revisión legal.

Las abogadas ambientalistas explicaron que la suspensión definitiva es una medida cautelar reforzada que se concede cuando el juzgado advierte posibles ilegalidades en los actos reclamados, riesgos de afectaciones ambientales y la necesidad de prevenir daños de difícil o imposible reparación. Esta figura mantiene la protección del territorio mientras se desarrolla el proceso judicial.

La organización señaló que la decisión ocurre en un contexto donde ya se han documentado preocupaciones por la presión sobre los ecosistemas de manglar, los impactos acumulativos de proyectos turísticos de gran escala y la insuficiencia de infraestructura ambiental en la zona sur de Quintana Roo. Estos elementos fueron considerados relevantes para mantener la medida cautelar.

DMAS sostuvo que la resolución refuerza el principio de que la planeación urbana debe apegarse a la ley y a criterios ambientales, especialmente en regiones costeras sensibles y donde está de por medio el derecho humano a un medio ambiente sano. Afirmó que la defensa legal del territorio cuenta con sustento jurídico y no busca frenar el desarrollo, sino garantizar que se realice conforme a la normatividad.

El juicio de amparo continuará hasta que el juzgado emita una resolución definitiva sobre la legalidad de los actos impugnados. En paralelo, vecinos y organizaciones ambientalistas mantienen solicitudes ante la Semarnat para una consulta pública por la modificación al Plan de Desarrollo Urbano autorizada por el ayuntamiento de Othón P. Blanco, al considerar que vulnera la participación ciudadana y la legislación en materia de asentamientos humanos.

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