Al menos 85 comunidades indígenas mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas para exigir justicia por la masacre de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), emboscados el pasado 17 de agosto en el poblado de El Cortijo. La indignación creció debido a la falta de resultados en las investigaciones oficiales y a la percepción de abandono por parte del gobierno federal.
En respuesta, contingentes de la UPOEG comenzaron operativos de búsqueda en comunidades como Lagunillas, El Refugio y Colotepec, donde lograron detener a dos hombres y una mujer presuntamente vinculados con el ataque. Voceros de la organización aseguraron que los detenidos forman parte del grupo delictivo conocido como Los Ardillos, al que responsabilizan de la emboscada. Los tres fueron entregados al Ministerio Público, aunque la desconfianza hacia las autoridades persiste.
La emboscada en El Cortijo dejó 13 policías comunitarios asesinados y varios heridos, lo que detonó una movilización inédita de pueblos que históricamente han recurrido a la autodefensa. Autoridades comunitarias advirtieron que no permitirán ser desplazados ni despojados de sus tierras, y que, de ser necesario, fortalecerán sus estructuras de seguridad propia frente al crimen organizado.
Ante el temor de nuevos ataques, las comunidades comenzaron a organizar asambleas para integrar policías comunitarias que salvaguarden la seguridad local. Dirigentes de la UPOEG señalaron que esta decisión obedece a la necesidad de responder con firmeza, ya que enfrentan grupos criminales fuertemente armados, mientras a ellos se les restringe el acceso a armamento de mayor calibre. “Con rifles pequeños no podemos hacer frente a quienes llegan con armas de alto poder”, advirtieron.
A la par, se reportó un incremento de la presencia de militares y elementos de la Guardia Nacional en la zona, aunque pobladores señalaron que éstos se han limitado a mantenerse en los poblados sin realizar recorridos activos. En la región de Omitlán, municipio de Juan R. Escudero, habitantes denunciaron el sobrevuelo de drones, sin confirmar si pertenecen a las fuerzas de seguridad o a los grupos delictivos, lo que aumentó la tensión en las comunidades.
El gobierno estatal confirmó que este martes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, sostendrá una reunión con representantes de la UPOEG y autoridades comunitarias en la Casa de los Pueblos de Ayutla. De acuerdo con el boletín oficial, el encuentro busca atender de manera directa la crisis de violencia que atraviesa la región, con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, aunque los pobladores reiteran que su confianza en las instituciones está fracturada.
